Las radios comunitarias en Guatemala operan en su mayoría sin licencia, porque la ley asigna las frecuencias por subasta al mejor postor. En agosto de 2014, medios comunitarios documentaron el violento desalojo de aldeas q’eqchi’ en Monte Olivo, Alta Verapaz, opuestas a una hidroeléctrica. En 2021 la Corte Interamericana condenó al Estado por excluir a estas emisoras.
¿Qué pasó en Monte Olivo en agosto de 2014?
Entre el 14 y el 16 de agosto de 2014, la policía realizó operativos en comunidades q’eqchi’ de la cuenca del río Dolores, en Cobán, Alta Verapaz, que se oponían a la hidroeléctrica Santa Rita. Según la crónica que Global Voices publicó en octubre de 2014, a partir de un texto de Madeleine Bair para la organización WITNESS, la aldea Monte Olivo fue intervenida el 14 de agosto y Semococh al día siguiente.
Las cifras siguen siendo materia de versiones distintas. Prensa Comunitaria informó de dos comuneros muertos, un tercero fallecido después por sus heridas, más de 60 heridos, cinco detenidos y unas 50 viviendas destruidas. Un portavoz policial atribuyó las tres muertes a enfrentamientos entre vecinos a favor y en contra del proyecto. La agencia AFP, en una nota recogida por Prensa Libre el 15 de agosto de 2014, citó a la organización maya Utz Che, que denunció la llegada de unos 700 agentes con gases lacrimógenos y la desaparición de cinco opositores.
Los vecinos rechazaban además un acuerdo firmado unas dos semanas antes entre el entonces presidente Otto Pérez Molina y algunas comunidades de Cobán, porque consideraban que no hubo consulta libre, previa e informada.
¿Qué era la hidroeléctrica Santa Rita y en qué terminó?
Santa Rita era una central de 23 megavatios en Alta Verapaz, promovida por la empresa Hidroeléctrica Santa Rita y participada por el Latin Renewables Infrastructure Fund, un fondo en el que invertía la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial. En 2014, representantes indígenas presentaron una queja ante la Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO), el mecanismo de rendición de cuentas de la IFC.
La investigación de la CAO, publicada en octubre de 2017, concluyó que la IFC no valoró de forma adecuada los riesgos del contexto para aplicar sus normas sobre pueblos indígenas ni actuó lo suficiente ante el aumento de la tensión y la violencia. El fondo comunicó que ya no pensaba desarrollar el proyecto, y la IFC sostuvo que no hacía falta una reparación a nivel de proyecto porque la obra no se construyó. Los denunciantes, según la misma CAO, describen divisiones internas y efectos negativos que persisten.
¿Qué papel tuvieron los medios comunitarios?
Los medios comunitarios fueron la principal fuente pública sobre lo ocurrido en las aldeas durante esos días. Prensa Comunitaria Km. 169 y otros colectivos difundieron videos, fotos y testimonios grabados en q’eqchi’, mientras la cobertura de los grandes medios dependía sobre todo de comunicados oficiales y de organizaciones.
Esa labor tuvo costos. Dos reporteros de Prensa Comunitaria que cubrían el caso supieron que la policía los buscaba, y el Centro de Medios Independientes de Guatemala denunció amenazas directas contra otro periodista. El episodio ilustra un patrón: en zonas rurales con proyectos extractivos o energéticos en disputa, las radios y los medios digitales locales suelen ser los únicos que informan en idiomas mayas y desde dentro de las comunidades.
¿Qué dice la ley sobre las radios comunitarias en Guatemala?
La Ley General de Telecomunicaciones (Decreto 94-96), vigente desde el 17 de noviembre de 1996, no reconoce a las radios comunitarias como una categoría propia. Cuando hay interés en una frecuencia, la Superintendencia de Telecomunicaciones la adjudica en subasta pública, y el criterio decisivo es la oferta económica más alta.
En la práctica, esto deja fuera a emisoras sin fines de lucro de pueblos indígenas. Muchas transmiten sin licencia, y la fiscalía ha usado el delito de hurto, previsto en el Código Penal, para procesar a sus operadores por el uso del espectro radioeléctrico.
Para cambiarlo, organizaciones indígenas impulsaron la iniciativa de ley 4087, de medios comunitarios. Según Cultural Survival, la propuesta reformaría la ley de telecomunicaciones para dar acceso a frecuencias a radios comunitarias sin fines de lucro en todos los municipios. A comienzos de 2016 se esperaba su votación final, que exigía 105 de los 158 votos del Congreso. La reforma no prosperó: en 2021 la Corte Interamericana constató que la ley seguía sin prever un acceso específico para estas emisoras.
¿Qué resolvió la Corte Interamericana en 2021?
El 6 de octubre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable a Guatemala en el caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros. Según el resumen oficial de la sentencia elaborado por la Suprema Corte de México, el país tenía más de 500 emisoras licenciadas y solo una era una radio comunitaria indígena.
El caso reunió a cuatro emisoras: las de los pueblos Maya Kaqchikel de Sumpango, Maya Achí de San Miguel Chicaj, Maya Mam de Cajolá y Maya Mam de Todos Santos Cuchumatán. La petición llegó a la Comisión Interamericana en septiembre de 2012 y pasó a la Corte en abril de 2020.
| Hecho | Fecha |
|---|---|
| Entra en vigor la Ley General de Telecomunicaciones | 17 de noviembre de 1996 |
| Allanamiento a la radio Ixchel | 2006 |
| Allanamientos a la radio Uqul Tinamit | Mayo de 2012 y abril de 2016 |
| Petición ante la CIDH | Septiembre de 2012 |
| Desalojos en Monte Olivo y Semococh | 14 a 16 de agosto de 2014 |
| El caso llega a la Corte IDH | Abril de 2020 |
| Sentencia de la Corte IDH | 6 de octubre de 2021 |
| Audiencia de supervisión en Ciudad de Guatemala | 23 de mayo de 2025 |
La Corte concluyó que el sistema de subasta generó un oligopolio comercial y una discriminación indirecta contra los pueblos indígenas, y que los allanamientos y juicios por hurto fueron restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión. El Estado había argumentado que las reglas estaban fijadas en una ley previa, que no existía monopolio de frecuencias y que los procesos penales sancionaban el uso no autorizado del espectro, no los contenidos.
Entre las reparaciones, la Corte ordenó:
- Permitir que las cuatro radios del caso operen mientras se eliminan las barreras legales.
- Reformar el ordenamiento para reconocer a las radios comunitarias como medios diferenciados y darles acceso al espectro, con consulta a los pueblos indígenas.
- Dejar de procesar por hurto a quienes operan radios comunitarias indígenas y eliminar las condenas ya dictadas.
- Pagar 30.000 dólares por daño material, 80.000 por daño inmaterial y 20.000 por costas.
¿Cómo está hoy el cumplimiento?
La sentencia sigue en etapa de supervisión. En mayo de 2025 la Corte celebró su 176.º período de sesiones en Ciudad de Guatemala y, según Cultural Survival, revisó en audiencia cuatro puntos: la libre operación de las radios, la adecuación de la normativa, el cese de las persecuciones penales y la eliminación de condenas. El Estado debía presentar un informe detallado de avances.
Para las comunidades del caso Santa Rita y para las emisoras indígenas, los dos temas siguen unidos: el acceso a la información en el propio idioma y la participación en decisiones sobre proyectos que afectan su territorio. Ese vínculo se repite en otros conflictos de la región, como los que recoge nuestra explicación sobre la defensa de los bienes naturales en Guatemala y Colombia. Más contexto regional en la sección Centroamérica.
Preguntas frecuentes
¿Son ilegales las radios comunitarias en Guatemala?
La ley no las prohíbe de forma expresa, pero tampoco las reconoce: para transmitir hace falta una frecuencia, y estas se adjudican por subasta al mejor postor. Por eso la mayoría de las emisoras comunitarias indígenas opera sin licencia. La Corte Interamericana ordenó en 2021 crear un marco que les dé acceso al espectro y dejar de procesar penalmente a sus operadores.
¿Qué es Prensa Comunitaria?
Es un medio digital guatemalteco que trabaja con corresponsales en comunidades rurales e indígenas. En agosto de 2014 fue una de las principales fuentes sobre los desalojos en Monte Olivo y Semococh, con videos, fotos y testimonios en q’eqchi’. Dos de sus reporteros denunciaron entonces que la policía los buscaba por su cobertura.
¿Se construyó la hidroeléctrica Santa Rita?
No. Según la CAO, el mecanismo de quejas de la Corporación Financiera Internacional, el fondo inversor informó que ya no planeaba desarrollar el proyecto y la empresa decidió no seguir con la construcción. La investigación de la CAO, publicada en 2017, encontró fallas en la supervisión de riesgos sociales por parte de la IFC.
¿Qué es la iniciativa 4087?
Es un proyecto de ley de medios comunitarios presentado en el Congreso de Guatemala para reformar la Ley General de Telecomunicaciones y reservar acceso a frecuencias para radios comunitarias sin fines de lucro en todos los municipios. En 2016 estuvo cerca de la votación final, que requería 105 votos, pero la reforma no prosperó y la Corte IDH ordenó en 2021 adecuar la ley.
Fuentes
- Grupos de medios comunitarios en Guatemala documentan mortífera redada en aldeas indígenas — Global Voices / WITNESS, 3 de octubre de 2014
- Denuncian desaparición de cinco opositores a hidroeléctrica — Prensa Libre (AFP), 15 de agosto de 2014
- Guatemala: Investigation of Indigenous Peoples Concerns Regarding Hydropower Project — CAO, informe anual 2018
- Resumen: Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros vs. Guatemala — Suprema Corte de Justicia de la Nación (México), mayo de 2022
- Corte Interamericana de Derechos Humanos revisó avances del cumplimiento de sentencia del caso radios comunitarias indígenas de Guatemala — Cultural Survival, 23 de mayo de 2025
- Cultural Survival apoya a las radios comunitarias indígenas de Guatemala — Cultural Survival, 1 de febrero de 2016
- Ley General de Telecomunicaciones, Decreto 94-96 — OMPI, WIPO Lex
Actualizado el 19 de octubre de 2026.